La convocatoria, de acuerdo con las estadísticas educativas, implicaría a cerca de 5,5 millones de alumnos y 500.000 profesores de la enseñanza no universitaria, así como a 1.400.000 estudiantes universitarios y 100.000 profesores e investigadores de enseñanza superior, además de al personal administrativo y de servicios.
Esta ley incluye, entre otros, los siguientes cambios:
- Se
crean evaluaciones al final de Primaria y al final de la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO).
- Se
quita el poder de las Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos, que pasa a manos del gobierno y a la dirección del
propio centro.
- Cambia
el carácter de las asignaturas vinculadas al aprendizaje de lenguas
cooficiales de "asignaturas troncales" a asignaturas
de especialización de carácter opcional no necesarias para la
homologación de estudios.
- Penalizaciones a los centros que no cumplan con el rendimiento académico exigido. Por un lado esto supone que los centros que tengan mayor número de inmigrantes que no conozcan el idioma o de alumnos que no hayan sido escolarizados con anterioridad o que tengan déficits sensoriales, motrices o cognitivos perderán recursos que les permitan atender a esta diversidad. Por otra parte, esto supone que los centros se impliquen más en el rendimiento de sus alumnos.
- Menor autonomía a los centros y mayor centralización de la educación.